Bethany y la Procuraduría colombiana se unen para promover un diplomado sobre la atención a la población migrante

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Bethany Colombia, en asociación con la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público convocaron durante el mes de septiembre al Diplomado Protección de Derechos en Contextos Mixtos Migratorios en Colombia, el cual busca socializar experiencias y conocimientos para ser aplicados en los territorios en los que se trabaja por los derechos de la población migrante y refugiada.

El objetivo central de este programa de formación es fortalecer y potencializar las capacidades de las entidades e instituciones que prestan servicios a estas poblaciones, así como llamar la atención sobre las condiciones que enfrentan día a día la población migrante.

El diplomado está dirigido a profesionales de entidades del Estado, organizaciones privadas y no gubernamentales (ONG), comunidad interreligiosa, academia, sociedad civil que maneja temas de niñez, población en condición de vulnerabilidad, población proveniente de flujos migratorios mixtos. Al cierre de la presente nota, la Procuraduría había informado que la convocatoria había logrado llenar de manera satisfactoria con el número de cupos y personas inscritas al diplomado.

El diplomado centrará sus contenidos en tres objetivos que son: ofrecer conocimientos sobre aspectos legales nacionales e internacionales relacionados con el restablecimiento de los derechos de las personas migrantes en contextos de emergencia; brindar herramientas legales, técnicas y prácticas a los profesionales de las entidades convocadas para mejorar de manera integral la atención de las comunidades migrantes, y sensibilizar y capacitar a servidores públicos, del sector académico y voluntarios sobre los principios y acciones eficaces para la protección de los migrantes, priorizando la atención en mujeres, personas de la tercera edad y menores de edad. A su vez el programa cuenta con cuatro módulos de capacitación los cuales son:

La Procuraduría General de la Nación identificó los desafíos que afronta el país en los últimos años, con relación a la población migrante, refugiada y colombiana que ha regresado de Venezuela y que es altamente vulnerable, por circunstancias políticas, económicas y sociales de sus países de origen, llevando a esta población a la pobreza extrema y diversas formas de violencias como el feminicidio, la explotación sexual comercial, la violencia sexual, el maltrato y mendicidad, entre otras, que afectan especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estas violencias y condiciones generan una gran preocupación y la apremiante necesidad de que adopten acciones concretas que mitiguen y lleven a reconocer los derechos vulnerados de la población migrante, los cuales muchas veces son Principios de protección en contextos humanitarios, Refugiados en Colombia y en el mundo, Protección de derechos de la niñez y la adolescencia y Tipos de violencias en contextos de emergencia.

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“La migración nos tomó de sorpresa sin una legislación interna y sin una institucionalidad suficientemente robusta para atender solidaria y productivamente la llegada de personas de otros países, cuando aún tenemos que lidiar con el desplazamiento interno de población víctima del conflicto armado y la violencia que no cesa. En este contexto es importante tramitar proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo, y además, comprometer a la comunidad nacional e internacional en la atención de este drama humanitario”, señaló la Procuraduría General de la Nación en referencia al diplomado que se llevará a cabo.

Precisamente el Diplomado Protección de Derechos en Contextos Mixtos Migratorios en Colombia incluye contenidos normativos, jurídicos y técnicos dirgidos a la protección de los derechos de la población migrante y refugiada. El programa de formación también cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alianza para la Niñez y el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).

Con información de la Procuraduría General de la Nación.

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