Nuestro compromiso con los niños y los adolescentes migrantes en medio de la pandemia
La crisis venezolana sumada a la crisis económica causada por el coronavirus está imponiendo un alto costo humano a las familias y a los migrantes venezolanos que llegan a Colombia. Aspectos críticos como el acceso a una adecuada alimentación, la violencia de género y el embarazo adolescente desempeñan un papel importante en el estado y la calidad de vida que enfrenta la población refugiada, especialmente cuando se trata de los menores de edad.
Las cifras registradas hasta el momento por las autoridades gubernamentales en el boletín número 6 de la Defensoría del Pueblo de Colombia sobre el estado de los niños, niñas y adolescentes venezolanos refugiados son preocupantes, especialmente si consideramos que muchos datos de estos pueden estar incompletos y que hay otros de la misma importancia que no son tenidos en cuenta en las mediciones oficiales. Por ejemplo, entre el mes de agosto de 2019 y el mismo mes de 2020 se registraron 1432 niños venezolanos menores de cinco años en estado de desnutrición. Esta cifra solamente tiene en cuenta el hambre visible, que es la que se manifiesta cuando una parte de la población no adquiere los suficientes macronutrientes como carbohidratos y proteínas y por lo cual su peso y su estatura es menor en comparación con las medidas que deberían tener para sus respectivas edades. Sin embargo, este tipo de mediciones no tiene en cuenta el hambre oculta, la cual se presenta cuando un niño por ejemplo no tiene acceso a los micronutrientes más importantes, como vitaminas y minerales, y a pesar de que tiene el peso y la estatura adecuada para su edad, se encuentra malnutrido.
Otra de las cifras destacadas en este contexto son las muertes de menores de cinco años por desnutrición. Durante el año 2019, 37 menores venezolanos murieron por esta causa, la mayoría de ellos en el departamento de la guajira. Así mismo preocupan las cifras de embarazo adolescente. Se calcula que al menos unas 21300 niñas y adolescentes venezolanas en estado de embarazo fueron registradas en los censos de la Defensoría del Pueblo de Colombia durante el periodo que va de enero de 2019 a agosto de 2020, cifra que corresponde ya al 9% de los embarazos adolescentes registrados en el país. Y la violencia de género también registró una cifra preocupante, con más de 3190 casos registrados entre la población migrante, entre la cual 79% de las victimas son mujeres y al menos un 64% vive aún con el agresor. La cifra de menores víctimas de la violencia en el hogar también muestra una incidencia a la cual se le debe prestar atención, pues más de 1500 menores, la mayoría niñas sufren de algún tipo de violencia doméstica.
La Defensoría del Pueblo destaca que uno de los principales factores detrás de algunos de estos fenómenos que afectan especialmente a los menores de edad son las barreras que existen en cuanto al acceso a la salud, especialmente entre los niños menores de cinco años, lo cual lleva a que los casos de desnutrición no sean identificados ni atendidos a tiempo. El organismo también alerta de las posibles afectaciones a la salud mental en el caso de los menores venezolanos expuestos a situaciones de violencia en el hogar y la exposición a riesgos para la salud en el caso de las familias que por razones de fuerza mayor deben salir a trabajar fuera de sus casas y en muchos casos no pueden poner en práctica las normas de distanciamiento social que se han recomendado para contener la expansión del COVID-19.
Se destaca también en el informe de la Defensoría del Pueblo la imposibilidad de acceso a la educación por parte de muchos menores venezolanos, lo cual mengua sus posibilidades de una mayor movilidad social en etapas posteriores de sus vidas y los condena a la reproducción de la pobreza que experimentan sus padres. En este sentido se indican entre las principales preocupaciones por el futuro de los menores de edad y el cumplimiento de sus derechos la interrupción del proceso escolar, la dificultad en el acceso a medios tecnológicos para poder acceder a clases virtuales en medio del contexto de la expansión del COVID-19, la vulneración de derechos en el caso de los menores que tienen que trabajar para aportar a la economía familiar y que por esto abandonan su proceso escolar y los casos de niños y niñas que pueden experimentar situaciones de abuso sexual en el hogar o que pueden caer en manos de redes de proxenetas para el comercio sexual.
En su boletín informativo la Defensoría del Pueblo hace un llamado a recordar que la Constitución Política de Colombia garantiza de manera especial los derechos de los menores de edad, indicando que estos prevalecen sobre los derechos de los demás. De la misma manera se enfatiza que Colombia ha suscrito varios pactos de carácter internacional con el fin de asegurar la protección de los derechos de los niños, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos económicos, sociales y culturales, en el cual también se reconocen los derechos de toda persona a disfrutar de los más altos estándares de salud y bienestar posible.
En este mismo contexto La Defensoría hace un especial llamado de atención a que todos los responsables de políticas públicas y entidades con poder de acción puedan atender a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales se aboga por el cuidado de los menores de edad, especialmente por aquellos que no cuentan bajo la tutela o el cuidado de sus padres o responsables similares y que están a cargo de instituciones de acogida. Estas recomendaciones incluyen llamados de atención para combatir la xenofobia y otras formas de discriminación a la cual puedan verse sometidos niños, niñas y adolescentes migrantes, más aún en el marco de la actual pandemia.
El boletín hace un llamado a los funcionarios de las instituciones estatales para que puedan tener en cuenta todas estas recomendaciones, actuando en el marco de los estatutos constitucionales y respondiendo a los principios de corresponsabilidad y no discriminación en diez áreas fundamentales, las cuales señalamos a continuación:
Protección de la salud de los menores de edad migrantes, especialmente de aquellos que ya se encuentran en situación de desnutrición o que se encuentran en riesgo de sufrirla.
Ayudar a los menores de edad y sus familias a que puedan superar las barreras en cuanto al acceso a la salud.
Promover y fortalecer las acciones colectivas de salud, principalmente aquellas relacionadas con la protección de los derechos de salud sexual y reproductiva.
Puesta en marcha de acciones dedicadas a erradicar la violencia de género y aquellas acciones dedicadas a la mitigación o superación de circunstancias de violencia doméstica, como aquellas que involucran apoyo psicosocial en los casos en los que se requiera.
Garantizar que las personas que así lo deseen puedan regresar a su país en una forma segura y en consideración a los riesgos actuales en medio de la pandemia del COVID-19.
Generar los mecanismos y herramientas para que la población migrante pueda acceder a la protección de sus derechos de manera que puedan enfrentar las consecuencias de la pandemia como el desempleo, la inseguridad alimentaria y los riesgos de desalojo.
Articular programas con las secretarías de educación locales de modo que los menores de edad puedan acceder a programas de educación flexible y segura en medio de las condiciones que ha impuesto la pandemia.
Garantizar formas de atención remota o en línea de tal manera que se puedan proteger los derechos de salud de las personas migrantes independientemente de su ubicación en el territorio nacional.
Mantener y reforzar las estrategias de comunicación en las comisarías de familia de modo que la población migrante pueda prevenir y denunciar situaciones de violencia de género y doméstica.
Coordinar acciones con las oficinas regionales de bienestar para conocer la situación de los migrantes menores de edad en centros de atención y albergues. Así como para la protección de los menores que se encuentren en riesgo de mendicidad o que ya se encuentren sufriendo esta situación.
El compromiso de Bethany
En consecuencia con las declaraciones y datos emitidos en este último informe de la Defensoría del Pueblo, Bethany Colombia continúa afirmando su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de la población migrante, especialmente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a la vez que hace un llamado a que todas las partes interesadas continúen apoyando la labor que ha venido realizando Bethany en esta materia, tanto en sus centros de atención en Cúcuta y en Bogotá como en los mismos sitios en los que la población migrante se ha ubicado en medio de su tránsito por Colombia.
Al ser la infancia una etapa en la que se desarrollan las principales habilidades necesarias para el futuro y en la que los menores adquieren los refuerzos sociales que definen aspectos tan importantes como su autoestima y otros elementos que los preparan para abordar su educación, es preciso que las actividades de apoyo humanitario tengan en cuenta de manera diferenciada las necesidades de los menores. Este es el compromiso de Bethany y al que invitamos a todos nuestros lectores a que se sumen.
Ayúdanos a seguir apoyando a los niños migrantes y sus familias. Conoce cómo hacerlo aquí.